Se conmemoran 20 años de haber declarado en América Latina y el Caribe el 28 de Septiembre como Día Internacional de Lucha por la Despenalización del Aborto.

Hacemos un reconocimiento al Estado dominicano por el compromiso asumido en el Consenso de Brasilia, en el marco de la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada recientemente en Brasil, en la cual se comprometió a garantizar las condiciones y los recursos para la protección y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todas las etapas de su ciclo de vida y en los diversos grupos poblacionales, sin ningún tipo de discriminación, basándose en el enfoque integral promovido en el Programa de Acción de la Conferencia sobre la Población y el Desarrollo; a revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que se hayan sometido a abortos y a la reafirmación de que el carácter laico de los Estados contribuye a eliminar la discriminación contra las mujeres y a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

En consonancia con ese compromiso, instamos al Estado Dominicano a:

• Asegurar el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en el mayor grado posible.
• Despenalizar el aborto cuando corren peligro la vida y la salud de la mujer y cuando el embarazo es fruto de una violación o incesto.
• Ofrecer tratamiento oportuno y libre de discriminación y estigma a las mujeres que acuden a los servicios de salud con abortos en curso.
• Redoblar los esfuerzos para aproximarse en el 2015 al cumplimiento del Objetivo del Milenio No. 5 de reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes, para lo cual es necesario un abordaje integral del aborto que incluya aspectos legales, médicos y sociales.
• Cesar las persecuciones judiciales selectivas y abusivas de mujeres que han abortado, las cuales afectan mayormente a las mujeres más pobres. El encarcelamiento de mujeres por esta causa constituye una injusticia incalificable.
• Ampliar los servicios anticonceptivos, con mejor calidad y acceso para todas las mujeres, en particular las adolescentes y las jóvenes. Esto debe incluir la anticoncepción de emergencia como una forma de reducir la tasa de aborto.
• Instalar sin dilación un amplio programa de educación sexual en las escuelas, de carácter laico, científico y basado en los derechos humanos.
• Reafirmar y proteger el carácter laico y plural de la democracia, evitando injerencias indebidas de extremistas religiosos que afecten la realización de reformas legales y/o la puesta en marcha de políticas públicas tendentes a mejorar la salud de las mujeres y su ejercicio de derechos.

La instrumentalización del Estado para imponer al conjunto de la ciudadanía las normas religiosas de un sector particular no sólo viola las libertades de conciencia y de culto, sino que además restringe el ejercicio de la autonomía personal, refuerza la subordinación de las mujeres, y niega los principios de igualdad ciudadana y respeto al pluralismo, todos ellos pilares básicos de la democracia. (Foro de Mujeres Dominicanas)

Por: Fernando de Dios

Foto: Web 28 Septiembre

En el marco del Día Latinoamericano de la Despenalización del Aborto, celebrado el 28 de septiembre, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico (ACDAT) presentó un recurso de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que cuestiona la validez de acuerdo a la Carta Magna del artículo del Código Penal que castiga toda interrupción del embarazo.

La propuesta pide que se revise esa legislación para aplicar algunas excepciones, tal como está vigente en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas y como han recomendado al Estado salvadoreño distintos organismos internacionales de derechos humanos.

El Salvador es uno de los cuatro países latinoamericanos que mantiene en su legislación la prohibición total del aborto. Está en esa lista desde que en 1997 se eliminara del Código Penal el artículo que establecía tres formas de aborto no punible: el terapéutico, el ético y el eugenésico, y se acuñó el artículo 133, mismo que hoy tiene vigencia y penaliza cualquier tipo de interrupción del embarazo.

Después, en febrero de 1999, la Asamblea Legislativa ratificó por mayoría cualificada una reforma de la Constitución de la República, incorporando a su Artículo 1 la acotación que se considera persona a todo ser humano “desde el momento de la concepción”, es decir, desde que un espermatozoide toma contacto con un óvulo dentro del cuerpo de una mujer.

Con este remiendo a la Carta Magna, se blindaba la legislación nacional contra cualquier pretensión de volver atrás y despenalizar aquellas excepciones.

No obstante, ACDAT y otras organizaciones que secundan la iniciativa aducen que, amparado en ese artículo 133 del Código Penal, el sistema judicial está penalizando de forma desproporcionada a mujeres por el mero hecho de serlo.

En concreto, explica el abogado miembro de ACDAT, Víctor Hugo Mata, “el motivo (de la presentación del recurso en la CSJ) es la desproporcionalidad en la restricción de los derechos de la mujer que supone ese artículo del Código Penal, el 133, y la violación al principio de igualdad que establece el artículo 3 de la Constitución”.

Entre otras cuestiones, explica Mata, la argumentación del recurso invoca una jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en su informe de 2003 sobre el cumplimiento del pacto internacional de derechos civiles y políticos en El Salvador recomendó claramente revisar la legislación sobre prohibición absoluta del aborto porque pone en peligro la vida de la mujer.

Del aborto al homicidio agravado
El Artículo 133 del Código Penal establece una pena de 8 años de cárcel para una mujer que haya cometido el delito de “aborto consentido y propio”.

Sin embargo, expone la miembra de ACDAT y de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Morena Herrera, el ministerio fiscal suele añadir a esa acusación la de homicidio agravado, “es decir, de atentar contra la vida de su hijo”, con lo que se aumenta la pena hasta los 30 años de privación de libertad.

La organización documentó el caso de una mujer fue condenada a esa abultada pena tras haber tenido un aborto involuntario. Cuando profundizaron en las pruebas presentadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y admitidas por el juez en su momento, dice Herrera, comprobaron que éstas no se sustentaban.

La mujer había pasado en prisión siete años y medio. Salió libre. Su caso fue incorporado a un trabajo periodístico de una revista del New York Times cuyo responsable perdió su empleo. Se titulaba “Bienvenidos a El Salvador, el Estado Anti Aborto”.

En otro caso, una mujer estaba condenada a 30 años y se comprobó que en el informe forense ni siquiera estaba confirmada la causa de la muerte de la criatura. A la mujer, que llevaba presa cuatro años, le conmutaron su pena a otra de tres años.

En un tercer caso, cuenta Morena Herrera, la familia de una joven de 18 años les buscó y la organización acompañó el proceso logrando la libertad para la joven, a la que la fiscalía ya había acusado por aborto y por homicidio agravado.

Para Herrera, hay un “problema de acceso a la justicia”. Estas mujeres, en muchos casos no encuentran los recursos o la ayuda para tener una defensa legal efectiva. Y en cuanto la consiguen, sus procesos cambian de rumbo.

A día de hoy, dice la feminista, están acompañando el caso de una mujer que está dentro del proceso judicial y revisando otro de una mujer condenada a ocho años y otros cuatro casos de mujeres condenadas a 30 años por homicidio agravado.

No es un recurso para legalizar el aborto

Según explica Víctor Hugo Mata, la presentación del recurso no busca la legalizar el aborto libre, ni nada que se le parezca.

“Nadie quiere el aborto”, dice Morena Herrera, que sin embargo defiende que es necesario que se regulen ciertas excepciones.

“Como el caso que tuvimos en Suchitoto, de una niña de 15 años con un embarazo anencefálico, que le obligaron a llevarlo hasta el octavo mes que la criatura murió. Una muchachita de 15 años embarazada tuvo que aguantar ocho meses ese embarazo a pesar de que desde el segundo mes ya se sabía que era un embarazo anencefálico, ya se sabía que no iba a vivir la criatura”, ejemplifica Herrera.

Por tanto, el recurso tiene como objetivo, según explica Mata, que la legislación vigente se suavice y adapte a la realidad.

“Lo que estamos combatiendo es la forma desproporcionada con que el legislador, es decir la Asamblea, ha actuado en este caso. Todos tenemos derechos y a todos se nos pueden restringir, pero esa restricción tiene que ser proporcionada y razonada”, expone el abogado.

Mata explica que la Sala de lo Constitucional de la CSJ deberá ahora decidir si admite el recurso y después considerarlo, pero que la composición de la misma les da algunas esperanzas porque, dice, al menos tres de sus miembros “son gente formada en derechos humanos”. (28 de septiembre)

En Guatemala, cada año más de un tercio de las 180 mil mujeres, que enfrentan un embarazo no planeado buscan un aborto, 49 por ciento son atendidas por parteras tradicionales y un 16 por ciento por médicos.
 
Cerca de 65 mil abortos son inducidos, lo que se traduce en una tasa anual de 24 abortos por mil mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años de edad).
 
Aún cuando el 54.1 por ciento de las guatemaltecas en unión usan un método moderno de anticoncepción, la tasa es menor entre las mujeres indígenas (40.2 por ciento), que entre las no indígenas (63.3 por ciento).
 
Las regiones con tasas más altas de aborto son: Metropolitana, Ciudad Guatemala y zona conurbada (19 por ciento), y Suroccidente, la más poblada, en su mayoría rural y con comunidades mayas (13 por ciento), con 30 y 29 abortos por cada mil mujeres, respectivamente.
 
La necesidad insatisfecha de anticoncepción es especialmente alta entre la población indígena: tres de cada diez mujeres. El aborto está restringido por la ley, y sólo se permite cuando peligra la vida de la embarazada.
 
El Código Penal, en su decreto No. 17-73, estipula diferentes tipos de aborto y sanciones, con lo cual se limita a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos –como el de la maternidad libre y voluntaria– acordados en compromisos internacionales firmados por Guatemala.
 
Entre los compromisos están la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), ratificada en 1982; el Protocolo Facultativo a la CEDAW, ratificado el 9 de mayo de 2002; la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada el 6 de junio de 1990.
 
También la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, firmada en 1994; la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, firmada en 1995, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, firmados en 2000.
 
Ante este panorama, las organizaciones que integran el espacio Mujeres e institucionalidad, han exhortado a las autoridades encargadas de salud, seguridad y justicia, a cumplir con las obligaciones establecidas, para garantizar así un completo bienestar físico, mental y social de las mujeres, en particular las rurales e indígenas, demandando se proporcionen los recursos y calidad necesarios para su atención.
 
ABORTO Y SANCIONES
 
Según el Código Penal, en su artículo 133, el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, en otros artículos se habla de otros tipos de aborto como el procurado, el calificado y el terapéutico, además de tentativa y aborto culposo y de agravación específica.
 
En el artículo134, se define aborto procurado a los casos en que “la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause” y será sancionada con prisión de uno a tres años, agrega que “si lo hiciere impulsada por motivos que, ligados íntimamente a su estado, le produzcan indudable alteración síquica” la sanción será de seis meses a dos años de prisión”.
 
Se considera que hay aborto calificado, artículo 136, si “quien de propósito causare un aborto” y será sancionado: con prisión de uno a tres años, “si la mujer lo consintiere”; con prisión de tres a seis años, “si obrare sin consentimiento de la mujer” y si “se hubiere  empleado violencia, amenaza o engaño”, la pena será de cuatro a ocho años de prisión.
 
Se permite al aborto terapéutico en el artículo 137, el cual señala que “no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro, debidamente establecido para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos”.
 
El artículo 139 se refiere a “la tentativa de la mujer para causar su propio aborto” y dice que tanto ésta, como el aborto culposo propio, son impunes, sin embargo “el aborto culposo verificado por otra persona” será sancionado con prisión de uno a 3 años, “siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo”.
 
La agravación especifica, se define en el artículo 140 y señala que el médico, que abusando de su profesión causare el aborto o cooperare en él, se sancionará con una multa de 500 a 3 mil quetzales e inhabilitación para el ejercicio de su profesión de 2 a 5 años. 
10/HE/CV/LR/LGL (CIMAC)

28 de septiembre.
Día por la Despenalización del Aborto en América Latina
y el Caribe

Por el Derecho a la Interrupción Libre del Embarazo

Araña Feminista

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres sin ninguna discriminación, de los que forman parte los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas. El Art. 76 de la CRBV garantiza la protección integral a la maternidad, establece el derecho a decidir el número de hijos y a disponer de la información y de los medios que aseguren el ejercicio de este derecho.

La maternidad voluntaria y libre, protegida y apoyada socialmente es derecho humano fundamental, que se construye con el derecho a la integridad y soberanía sobre el propio cuerpo de todas las mujeres. Implica reconocer a las mujeres como sujetos sociales como personas con autonomía y agentes morales capaces de decidir si desean o no ser madres, el número de hijos, el espacio entre los nacimientos y con libertad para continuar o interrumpir embarazos.  Esta decisión debe ser soberana y pertenece exclusivamente a las mujeres embarazadas, sin interferencia por parte del Estado o de terceros.

Todas las mujeres queremos una maternidad deseada con alegría, vital y segura, no forzada por leyes ni obligada por imperativos ideológicos cargados de prejuicios, hipocresía y desconocimiento. En esto, el Estado venezolano está en deuda con las mujeres y su dignidad como personas y sujetas de derechos, y toda la sociedad está involucrada en resolver el grave problema de justicia y de salud que significa la vigente penalización del aborto.

Destacamos que la construcción de una sociedad humanista no será posible mientras las mujeres, especialmente las más pobres, continúen muriendo por interrupciones clandestinas de embarazo y sean objeto de condenas y castigos. Las muertes por aborto y la cárcel por aborto son un oprobio para la vida social venezolana. Se trata de injusticia clara y manifiesta.

Las mujeres venezolanas merecemos que se nos reconozca soberanía de decisión sobre nuestros cuerpos, y  la comprensión de que detrás de un aborto inducido hay embarazos que fueron forzados, falta de acceso a la anticoncepción o falla de algún método, pobreza y abandono, irresponsabilidad paterna, enfermedades de la mujer o gestaciones con graves malformaciones, entre otros motivos. Las mujeres pobres son la mayoría de las que mueren o quedan gravemente lesionadas en las interrupciones inseguras del embarazo, y lejos de ser criminales, son víctimas del modo de organización de la sociedad. Su principal pecado es ser mujeres pobres.

Llamamos  a la reflexión sobre algunas realidades de la interrupción del embarazo:

• La interrupción del embarazo tiene una larga historia de prohibición que sólo consigue hacer su práctica insegura y peligrosa, dando lugar a un negocio rentable que niega el derecho a la salud a las mujeres pobres exponiéndolas a graves consecuencias, incluso la muerte.
•  La ilegalidad de la interrupción del embarazo transforma un acto de decisión personal en un acto criminal.
• La interrupción del embarazo es una decisión personal tomada habitualmente como último recurso.
• La penalización de la interrupción del embarazo discrimina a las mujeres frente a los hombres. Los hombres abandonan, las mujeres abortan.
• Las mujeres quedamos embarazadas contra nuestra voluntad, pero no lo hacemos solas: detrás de cada embarazo interrumpido hay una historia de irresponsabilidad, inconsciencia o predominio de un modelo sexual de dominación masculina.
• Graves consecuencias biológicas, sociales, psicológicas derivan de embarazos forzados.
• En la interrupción del embarazo subyace la complejidad de la sexualidad humana, en cuya comprensión tienen mucho que aportar los saberes ancestrales de las mujeres  y los avances de la ciencia.
• El estado no debe obligar a las mujeres a tener hijos no deseados y menos recurriendo al Código Penal.
• El estado venezolano es laico y debe legislar como tal, sin presiones religiosas, ni prejuicios oscurantistas.

Las feministas venezolanas organizadas en redes y colectivos sociales, reclamamos un nuevo Código Penal sin discriminación sexual y de género, que despenalice y abra el acceso a una interrupción del embarazo legal, segura y gratuita como una demanda de derechos humanos, de justicia social y de salud pública.

Sólo poniendo fin a la indignidad del aborto clandestino, se acabará el drama de las muertes maternas por esta causa, se garantizará el ejercicio de la maternidad libre y segura, se resguardará la salud y vida de las mujeres, y el bienestar de sus familias.

La maternidad no se impone, se respeta y se apoya.
Por el derecho a la soberanía del cuerpo femenino.
Sin derecho a elegir no hay libertad: Legalización del aborto YA.
Por el Derecho a Decidir abortemos la hipocresía

Caracas, 28 de septiembre 2010
Araña Feminista
Red de los Colectivos de Mujeres en Venezuela
http://encuentrofeminista.weebly.com/

Foto: European Pressphoto Agency

Marchas, recogidas de firmas y manifestaciones de mujeres desnudas fueron algunos de los actos convocados hoy por activistas latinoamericanos para exigir en el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe que sus países flexibilicen las políticas reproductivas.

En una región en la que rigen convenios que fomentan los derechos de las mujeres aún quedan países como Chile, El Salvador y Nicaragua que prohíben el aborto en todos los supuestos, tal y como denunció Amnistía Internacional (AI) en un comunicado reproducido por su filial en Asunción.

El organismo internacional se sumó a las demandas de varias organizaciones y asociaciones feministas latinoamericanas para que las legislaciones de los diversos países garanticen acceso a la información reproductiva y a modos seguros de aborto.

AI admitió que en algunas naciones se ha tomado conciencia sobre esa realidad y citó como ejemplo Cuba, donde el aborto es legal desde 1965 como un derecho de la mujer hasta la décima semana de embarazo y es practicado sólo en instituciones del sistema público de salud.

“A pesar de estos avances, la triste realidad en la región es que todavía existen leyes que castigan el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, en la práctica no se cumple”, lamentó AI.

El caso de Nicaragua representa a ojos de este organismo todo un retroceso, pues el Parlamento prohibió en 2006 el aborto terapéutico, que estaba permitido en el Código Penal desde hacía más de un siglo en casos de peligro para la madre.

Con vistas a su restitución, un grupo de mujeres nicaragüenses entregó hoy al Gobierno unas 37.000 firmas que fueron recogidas al término de un recorrido de unos 500 metros por las calles de Managua, así como 6.000 postales enviadas desde Europa por activistas del organismo defensor de los derechos humanos.

Otros países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala prohíben el aborto en todas sus formas, mientras que Costa Rica lo permite cuando la vida de la madre está en peligro.

Panamá excluye los casos de amenaza a la vida, la salud de la mujer o si el embarazo es el resultado de una violación carnal.

En Uruguay, varios centenares de personas incluyeron reclamos por la despenalización del aborto en la anual Marcha de la Diversidad, que habitualmente clama por la legalización del matrimonio homosexual.

Y es que en ese país, donde la interrupción del embarazo está prohibida, se lleva a cabo un aborto clandestino cada veinte minutos, según datos facilitados por la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), una alternativa por la que se decantan 33.000 uruguayas al año.

A su vez, un grupo de mujeres ecuatorianas quiso representar la indefensión de las madres en situación de embarazo no deseado al presentarse desnudas y con máscaras que cubrían su rostro ante la Fiscalía de Quito.

“Estamos exponiendo nuestros cuerpos porque el aborto se mueve en un mercado clandestino, que nos discrimina y en el que nos estamos arriesgando”, explicó a Efe Ana Cristina Vera, representante del colectivo Salud Mujer.

La Asociación Aborto Seguro Mujeres por la Vida calcula que en Ecuador se dan unos 125.000 abortos cada año, de los cuales alrededor de 200 son legales.

Otra situación que se da en la región es la de los países en los que esta intervención médica es legal, pero nunca ha sido practicada o su aplicación acarrea una burocracia que termina por hacerla imposible, como sucede en Perú y Bolivia, respectivamente.

Por ello, representantes de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) protestaron hoy en Lima, y mujeres bolivianas se concentraron en actos en las principales ciudades del país para reflejar la situación de la salud de las mujeres y “llamar a la acción al Estado”.

En Brasil, donde el aborto es legal solo en caso de violación o de peligro de muerte para la madre, se convocaron actos de diversa índole; incluido un debate en Río de Janeiro en el que se analizó la legislación que castiga a quien practique el aborto con penas de cárcel de entre uno y diez años.

En Recife (Pernambuco, noreste) varios grupos de organizaciones no gubernamentales congregaron a decenas de mujeres en una plaza céntrica, donde protestaron disfrazadas de militares, obispos, ganaderos y periodistas, colectivos que identificaron como “la santa alianza” que impide la despenalización del aborto.

Por su parte, más de mil mujeres argentinas eligieron la vía judicial al presentar amparos en tribunales de 16 provincias del país, para pedir que el Parlamento debata un proyecto de ley que legalice la interrupción voluntaria de “todos los tipos” de embarazo dentro de las primeras doce semanas de gestación.

Unos 460.000 abortos se registran, según cifras oficiales, cada año en Argentina, donde la interrupción del embarazo está prohibida por ley, salvo en casos de peligro para la vida o la salud de la madre, violación o abuso a una mujer discapacitada.

En República Dominicana, Paraguay, Colombia y Venezuela no se convocaron actividades en el Día por la Despenalización del Aborto.

Las legislaciones de los dos primeros países no avalan el aborto en ninguna de sus posibilidades, mientras que en Colombia no es delito interrumpir voluntariamente un embarazo en caso de violación, malformación del feto y cuando la madre o el niño corran peligro.

Mientras que en Venezuela el aborto sólo se permite si está en peligro la vida de la madre.

Un estudio presentado en 2009 por el Instituto Guttmacher en Londres reveló que la cifra de abortos practicados en todo el mundo en 2003 fue de 41,6 millones, de los que casi un 50% no contaron con la supervisión ni las garantías médicas adecuadas.

Según el estudio, cada año mueren en el mundo 70.000 mujeres al tratar de poner fin a su gestación por métodos poco o nada ortodoxos, prácticas se dan sobre todo en Latinoamérica y África, donde las leyes en ese sentido son especialmente duras. (EFE)

Por Sylvia Torres y Tacuazina Morales   

Tres de los seis países que, en todo el mundo, definen como delito todo tipo de aborto y sancionan con cárcel tanto a proveedores de servicios como a las mujeres, están en Centroamérica.

En El Salvador, Honduras y Nicaragua muchas mujeres mueren por falta de acceso a servicios legales y seguros para interrumpir sus embarazos, aun en casos en que el producto no es viable o pone en peligro su vida, mientras que otras han sido condenadas hasta con 30 años de cárcel, acusadas por haberse sometido a esa práctica.

El aborto terapéutico, realizado por razones médicas o cuando es producto de una violación, existía en estas naciones a partir de las Constituciones liberales del siglo XIX. Para eliminar este centenario derecho, en medio de contextos electorales, se aliaron congresistas de derecha e izquierda en El Salvador y Nicaragua. En Honduras se le atribuye el hecho a la derecha.

No obstante, pese a la prohibición y el silencio oficial, organizaciones feministas no han dado tregua a sus gobiernos en la lucha por restituir el aborto terapéutico y han presentado a la opinión pública estadísticas y/o testimonios que muestran la crudeza de la prohibición total de esta práctica.

En Nicaragua, según un informe publicado por la organización no gubernamental IPAS, desde la criminalización del aborto, en 2006, perdieron la vida 31 mujeres. Ellas pudieron haber sobrevivido de haber recibido tratamiento oportuno a diversos tipos de cáncer u embarazos extrauterinos.

Nicaragua: Amalia un caso emblemático
Un caso emblemático es el de la joven de 27 años conocida por la prensa como Amalia. A pesar de tener un diagnóstico de cáncer extendido por su cuerpo, en el hospital de su ciudad, León, la mantuvieron 36 días sin interrumpirle el embarazo para aplicarle la quimioterapia, por temor a la Ley anti aborto. La organización no gubernamental IPAS publicó este y otros testimonios.

De haberse aplicado el engavetado Protocolo del Ministerio de Salud para este tipo de emergencias médicas, a esta mujer se le hubiera interrumpido inmediatamente la gestación de apenas seis semanas y media, y se hubiera iniciado el tratamiento para alargarle la vida. La petición pública de interrupción del embarazo y tratamiento hecha por los familiares de Amalia, fue recogida por organizaciones de mujeres y de derechos humanos.

Tras días de plantones frente al hospital local, y después de haber acudido a la Corte Interamericana de Justicia, la que demandó al Estado nicaragüense que aplicara medidas cautelares para Amalia, las autoridades de salud decidieron aplicarle carboplatino y paclitaxel. Según éstas, tales medicamentos —a los que no tienen accesos otras pacientes de cáncer— permitirían que Amalia llevara a término su embarazo.

Sin informar a la enferma de los riesgos reales del tratamiento, el producto del embarazo no creció lo suficiente y, tras nueve meses de tratamientos, Amalia dio a luz a un feto muerto.

El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Católicas por el Derecho a decidir, el Grupo Feminista de León, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe denunciaron como inhumano haber ocultado información para obligar a Amalia a una carga que, además de inviable, le quitaba energías para luchar contra su enfermedad.

La joven es madre soltera de una hija de 10 años.
El Salvador: Treinta años de cárcel
Desde 1997, con la nueva legislación penal, El Salvador anuló todos los artículos referidos a los casos de abortos no punibles (eugenésico, terapéutico y ético), y con ello se convirtió en uno de los países más restrictivos en esta materia.

A partir de ese año, muchas mujeres salieron del hospital a la cárcel acusadas de haberse practicado un “aborto consentido”, o peor, de haber cometido “homicidio agravado”, cuya pena es de 30 años.

Desde su total penalización, las organizaciones feministas salvadoreñas han denunciado las presiones ejercidas en contra del personal médico para mostrar como asesinas a las mujeres que han tenido partos prematuros extra hospitalarios, y obligar a quienes sufren de embarazos extrauterinos a mantener la gravidez hasta que el feto “se les venga”, aún a costa de morir por las hemorragias que esto conlleva.

En 2008, el Ministerio de Salud de El Salvador registró más de 6.000 abortos espontáneos o sépticos.

En este duro clima, según informó la periodista Miroslava Rosales, de la revista digital Contrapunto, fueron anuladas por la Corte suprema de Justicia las condenas de siete y 30 años a tres mujeres: Marlene Ponce, de sólo 18 años, Karina Clímaco y Cristina Quintanilla.

Ellas, según señala la publicación, habían sido condenadas por practicarse abortos ilegales sin las debidas pruebas o con pruebas insuficientes, y denunciadas por el personal del hospital Nacional de San Bartolo.

De acuerdo con un reporte en el marco de la campaña que realiza la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Eugenésico y Ético, una de sus integrantes, Mariana Moisa, señaló que muchas mujeres tienen temor de buscar servicios médicos cuando sufren complicaciones durante el embarazo.

Por otro lado, médicos y enfermeras no pueden ejercer sus deberes profesionales y asistir a mujeres con complicaciones, por temor a ser procesados como cómplices del crimen del aborto u homicidio.

En el Salvador, la ley obliga al personal de salud a notificar a la fiscalía cualquier irregularidad o embarazo interrumpido, ya sea espontáneo o voluntario.

Frente a esta situación, Morena Herrera, ex comandante guerrillera y líder feminista, denunció en declaraciones a Contrapunto que asociar el aborto con el homicidio grave castiga sobre todo a las mujeres jóvenes que viven en situación de pobreza.

Honduras: Abortos clandestinos
El aborto en Honduras está penalizado en todas sus formas, con reclusión de tres a seis años, y las mujeres que interrumpen sus embarazos lo hacen clandestinamente, poniendo en peligro su vida, sin las condiciones sanitarias adecuadas para este tipo de procedimiento.

Una joven que acudió a esta práctica en marzo último y prefirió omitir su nombre, comentó a SEMlac que, en su caso, “todo salió bien, no tuve complicaciones, pero me sentí pésimo durante todo el proceso de antes de la intervención porque una sabe que lo va a hacer a escondidas, sin garantías de nada y sin tener donde acudir si algo sale mal”.

Entre las consecuencias del aborto clandestino están la soledad y la consecuente culpa con que lo viven las mujeres, en medio de una sociedad permeada por la religión católica y donde se genera una condena social muy fuerte hacia aquellas mujeres que deciden abortar.

Las hondureñas se enferman y se mueren, casi siempre, por problemas relacionados con el ejercicio de su sexualidad y de su reproducción, absolutamente prevenibles en la mayoría de los casos, de acuerdo con el último informe alternativo presentado por CLADEM al Comité de la CEDAW, en 2007.

Desde que se llevan registros hospitalarios en el país, el aborto es la segunda causa de egreso hospitalario después del parto. En 2005, salían de los hospitales nacionales 21 mujeres diariamente con ese diagnóstico, precisa un boletín de registros hospitalarios de la Secretaría de Salud.

Aun cuando las autoridades de salud no reconozcan la problemática, las cifras dan cuenta de que el aborto es un problema de salud pública que debe ser abordado libremente, sin prejuicios sociales ni religiosos.

Claudia Herrmanndofer, del Centro de Derechos de Mujeres, dijo a SEMlac que si bien un informe oficial que será presentado en noviembre ante el consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deja entrever que existe la figura del aborto terapéutico como legal, ello no es cierto.

“No existe ninguna fundamentación legal para esa afirmación, más que el intento de querer lavar la imagen de un gobierno violador de derechos humanos de las mujeres a nivel internacional”, aseveró.

En este contexto, el movimiento feminista se prepara para una campaña de divulgación y acción por el próximo 28 de septiembre, día de la despenalización del aborto con la consigna “Por el retorno de nuestro cuerpo y nuestra democracia”, que incluye diversas actividades de grupos de mujeres organizados en todo el país, así como acciones internacionales de denuncia sobre la situación actual del aborto y los derechos reproductivos de las mujeres.

Izquierda conservadora y derecha implacable
A pesar de contar con gobiernos que se autocalifican de izquierda, el retroceso en materia de derechos reproductivos en Nicaragua y El Salvador no parece dar marcha atrás. En Honduras, en tanto, todo apunta a que la situación se ha recrudecido tras el golpe de estado y el nuevo gobierno de derecha.

En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, a despecho de la Constitución que declara laico al país, se proclama “cristiano, solidario y socialista”, y en nombre de esta definición orientó a los diputados de su partido a votar por la penalización y cerrar oídos ante la evidencia médica.

Una posición favorable a la discusión sobre el aborto terapéutico, emitida por la primera ministra de salud del gobierno de Ortega, Maritza Quant, fue rápidamente desmentida por la Primera Dama de la República, Rosario Murillo. Unas semanas más tarde, Quant perdió su puesto.

En Nicaragua, en junio de 2010, 26 representantes ante la Asamblea Nacional liderados por la diputada Mónica Baltodano, de la Alianza Movimiento de Renovación Sandinista, y Yamileth Bonilla, del Partido Liberal Constitucionalista, ambos opositores del gobierno, presentaron una propuesta para permitir el aborto terapéutico, pero sólo consiguieron el compromiso de 26 diputados y diputadas de los 47 necesarios para pasar la Ley.

Mientras tanto en El Salvador, la posición a favor del aborto terapéutico de dos funcionarias parece haber caído en el desierto.

En mayo de 2010, según reporta el diario El Mundo, la ministra de la Salud, María Isabel Rodríguez, pidió a la Asamblea Nacional reconsiderar la Ley en los casos en que están en riesgo madre e hijo; por ejemplo en los embarazos ectópicos o extra uterinos.

Más recientemente, Julia Evelyn Martínez, directora del Instituto Salvadoreño de la Mujer, firmó en nombre de su país un documento conocido como “El Consenso de Brasilia”, en el que el país se comprometía, entre otras cosas, a revisar las leyes relativas al aborto.

La desautorización pública del presidente Mauricio Funes no se hizo esperar, a pesar de que él mismo encabeza un gobierno de la antigua guerrilla izquierdista. Para algunas lideresas, esto no debía sorprender, pues los diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) votaron con la derecha para prohibir todo tipo de aborto.

Morena Herrera ha reclamado públicamente al gobierno por la desautorización de Julia Evelyn, así como por el incumplimiento de las autoridades de gobernar para “asegurar los derechos de las mujeres y la igualdad de género”.

En una carta pública dirigida a su presidente, Herrera le recuerda la obligación del Estado salvadoreño de actuar conforme a los compromisos internacionales, y se pregunta si tienen más validez para Funes los compromisos comerciales que los relacionados con los derechos de las mujeres.

El panorama sigue complicado para las hondureñas. Desde el golpe de estado, la situación de salud, y específicamente de salud reproductiva para las mujeres, se ha agravado, ya que el gobierno de facto de Roberto Micheletti decidió prohibir y penalizar la promoción, comercialización y uso de las pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE), respaldado por un dictamen del Colegio Médico de Honduras, que señala que las pastillas tienen efectos “abortivos”.

El decreto menciona en el artículo 3 que “quien contravenga las disposiciones de este decreto se le aplicarán las penas establecidas en el delito de aborto conforme a lo estipulado en el Código Penal”. Un decreto que sigue vigente. (Especial de SEMlac)

Un grupo de mujeres entregó hoy al Gobierno de Nicaragua miles de firmas recogidas en Europa por la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) para demandar la restitución del aborto terapéutico en este país centroamericano.

Las firmas fueron entregadas en la Secretaría General del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que sirve de Casa de Gobierno, por dirigentes del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico y recibidas por un delegado del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

El grupo de mujeres entregó una muestra de las 37.000 rúbricas recogidas al término de un recorrido de unos 500 metros por las calles de la capital, hasta llegar a las inmediaciones de la sede sandinista, donde también entregaron una muestra de 6.000 postales enviadas por activistas de AI en solidaridad con Nicaragua.

“Esperamos que el presidente Ortega tome medidas en el sentido de cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales que han mandado al Estado de Nicaragua ajustar la legislación en materia de aborto (terapéutico) para poder salvar la vida de las mujeres”, dijo a Efe Wendy Flores, de la comisión coordinadora del grupo.

Flores dijo que en Nicaragua han muerto mujeres por “tener prohibido el aborto, por negarles el acceso a servicios de salud” y acusó al Gobierno de no brindar datos sobre muertes maternas asociadas al aborto terapéutico.

“Esperamos que el Gobierno, con su ánimo de solidaridad y respetando lo cristiano que dice que es, despenalice el aborto terapéutico para salvar la vida de un montón de mujeres y no queden más niños en la orfandad”, declaró por su lado a Efe Mayte Ochoa, también dirigente.

Durante la manifestación se corearon consignas a favor de la restitución inmediata del aborto terapéutico para defender la vida y la salud de las mujeres.

En medio de la campaña electoral de 2006, que ganó Ortega, el Parlamento nicaragüense escuchó las peticiones de las iglesias católica y evangélica y prohibió el aborto terapéutico, que estaba permitido en el Código Penal desde hacía más de un siglo para casos de peligro para la madre.

La legislación facultaba a practicar este tipo de interrupción del embarazo si era “determinado científicamente”, y consentido por el “cónyuge o pariente más cercano a la mujer”.

Esa decisión ha sido criticada por la asociación de médicos de Nicaragua, grupos de mujeres, la organización Human Rights Watch, la ONU y la Unión Europea, que han demandado una mayor discusión sobre el tema.

Un grupo de mujeres interpuso un recurso de inconstitucional contra esta prohibición en enero de 2007 ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha pronunciado. (Noticias Terra)

Pronunciamiento político

En este Bicentenario del inicio de la lucha por la Independencia de México, quienes formamos parte de la ciudadanía reflexiva de esta gran Nación sabemos que en realidad son pocos los motivos para festejar, pues el yugo de la inequidad y la injusticia social continúa vigente en la mayor parte del territorio nacional, de manera particular en contra las mujeres de todas las edades.

Leer declaratoria completa…

En el marco del 28 de Septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, el 27 de septiembre de 2010, mujeres mexicanas firmaron el acta de Independencia con el que reanudan, entre otros puntos, la lucha por una verdadera equidad, y declaran la independencia de sus cuerpos y vidas.

FIRMA EL ACTA POR LA INDEPENDENCIA DE NUESTROS CUERPOS
Puedes hacerlo online entrando en el enlace o dando click en la imagen…
http://www.tupuedessalvartuvida.org/acta_independencia/