La Organización de Naciones Unidas instó al gobierno a “garantizar” la aplicación de la Guía para la Atención Integral de Abortos no Punibles, que el ministerio de Salud negó haber elevado a Resolución, y pidió que “revise” la legislación que tipifica como delito la interrupción del embarazo.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) de la ONU, que monitorea el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, pidió al gobierno que presente en dos años “información escrita” sobre las medidas para el cumplimiento de esas recomendaciones.
“El Estado debe garantizar que la Guía para la Atención Integral de casos de Aborto no punible es aplicable en todo el país de manera uniforme por lo que es igual y el acceso efectivo a servicios de salud a los embarazos de interrupción”, sostuvo el texto difundido hoy por organizaciones no gubernamentales.
La actualización de la guía para la práctica de abortos no punibles destinada a profesionales de la salud, vigente desde 2007, provocó una polémica en julio cuando el ministerio de Salud negó haber elevado a Resolución las recomendaciones presentadas con esa categoría ante el CEDAW.
En el marco de la actualización, la guía prevé la práctica del aborto en casos de violación con la sola exigencia de una declaración jurada o una denuncia policial de la mujer.
“El Comité también insta al Estado a que revise la legislación vigente que tipifica como delito el aborto, con graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres”, advirtió el CEDAW.
El organismo, asimismo, pidió al gobierno a que “adopte todas las medidas necesarias para reducir aún más la alta tasa de mortalidad materna” y manifestó “preocupación por la tasa de embarazo de adolescentes niñas y la mortalidad materna, un tercio de la cual es causada por el aborto ilegal”.
En ese sentido, reclamó que se garantice el acceso de mujeres y adolescentes a servicios de salud, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, y pidió “procurar que la educación sobre salud sexual y reproductiva se lleva a cabo en todas las escuelas en todos los niveles”.
El informe, elaborado como respuesta al expuesto el 13 de julio por el gobierno y organizaciones no gubernamentales sobre la situación de los derechos humanos de la mujer en el país, reclamó que se “acelere la adopción y aplicación” en las provincias de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género.
El reporte, por otra parte, “lamentó” que “no fue castigada” la violencia sexual cometida contra mujeres en centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar y pidió “reparaciones a las víctimas”.
El organismo, en tanto, reclamó que el gobierno “siga intensificando esfuerzos” contra la trata de personas y destacó la “necesidad” de trabajar en los ámbitos provinciales y municipales, “especialmente en el norte de Argentina y en las zonas nororientales, donde hay más grupos de riesgo”.
Entre los avances logrados por el gobierno, el informe destacó la participación política de la mujer y expresó que “acoge con satisfacción” que, “por primera vez, una mujer ha sido elegido Presidente”.
En ese sentido, remarcó que la “cuarta parte de todos los ministerios están encabezados por mujeres y que, hasta la fecha, el 22 por ciento de las personas designadas a nivel de Secretario de Estado y 23 por ciento a nivel de Secretario son mujeres”, pero advirtió que “hay marcadas diferencias entre las provincias”.
El informe fue difundido en conferencia de prensa por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la Comisión Provincial por la Memoria, entre otras organizaciones. (LosAndes.com)
