En agosto de 2009, Católicas por el Derecho a Decidir inició sus acciones públicas en Perú, cuyo interés se centra en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, con énfasis en las mujeres como sujetas de derechos. Derechos que, paradójicamente, son más negados que garantizados, en tiempos como los de hoy.
Libertad de conciencia y derecho a decidir en nuestras vidas son los ejes centrales que dan sentido a nuestra existencia, requisitos fundamentales para ejercer derechos en condiciones de igualdad y respeto, tanto en la esfera privada como pública. Decidir sobre nuestros cuerpos, mentes, espiritualidad, pero también tener las condiciones para ello: acceder a información, recursos tangibles y contar con políticas públicas sostenidas e incluyentes.
Desde el escenario en que nos movemos, razón, fe y placer pueden resultar y ser una melodía armoniosa. Adherirnos a una religión, así como asumir principios éticos son derechos humanos. Hacerlo sin que medie la reflexión, el análisis, la confrontación, el conocimiento y el respeto a otras orientaciones dentro de determinada religión, es hacerse manipulable ideológicamente, manipulación que deviene en violencia.
Como católicas estamos convencidas de que es posible cuestionar desde nuestra fe, dogmas y decisiones arbitrarias, e incidir y exigir el cumplimiento de derechos. Y, aunque se nos haya hecho creer que la Iglesia Católica es homogénea y que solo existe una voz, nos alienta comprobar la pluralidad en su interior, la riqueza de pensamiento y obra de mujeres y hombres más humanizados que, de distintas formas, tejen saberes. Así como también, la existencia de otros movimientos que apuestan por un diálogo interreligioso cercano y al servicio de las necesidades y vivencias actuales de las personas.
Nos preocupa
¿Qué sucede con las y los decisores de política que son elegidos/as para garantizar los derechos en un Estado laico?
Nos preocupa la parálisis política y operativa respecto a la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos para los y las peruanas. Hechos que desalientan y nos hacen sentir que el Estado no es democrático ni plural, por ejemplo,
1. El Tribunal Constitucional que prohíbe al Ministerio de Salud la distribución gratuita de la anticoncepción oral de emergencia (AOE) en los establecimientos públicos de salud, y que afecta así la vida y salud sexual y reproductiva de miles de mujeres. Esta decisión atenta contra el derecho a la no discriminación, al impedir que las mujeres en situación de pobreza accedan a la AOE.
2. El Congreso de la República que, teniendo quizá mejor intención a veces, dilata debates serios o muestra actitudes muy tibias frente a estos temas que afectan la vida de las mujeres, sobre todo de las que menos recursos tienen. Se obstaculiza así la promulgación de leyes que garantizan los derechos de las personas.
3. Los ministerios del Estado evidencian poca voluntad política para que la igualdad de género, respeto a la diversidad, no discriminación e inclusión sean ejes transversales en las políticas públicas.
Saludamos en todo caso, la resolución de la Comisión Revisora del Código Penal peruano, quien aprobó mantener su decisión de despenalizar el aborto por violación sexual y aborto eugenésico. Este hecho significa una oportunidad para garantizar el acceso a servicios públicos de calidad a aquellas mujeres que han sido violentadas, así como, para abrir un debate más alturado y técnico sobre el tema.
Seguir nombrando lo que aún es débil o no existe
1. La aprobación del protocolo para la atención del aborto terapéutico. Saludamos el valor de aquellos profesionales de la salud que comprenden y sienten de cerca la realidad de muchas mujeres que enfrentan esta vivencia. Sin embargo, urge la aprobación formal de estos protocolos para una respuesta más humanizada y de calidad.
2. La implementación de la educación sexual integral como política pública laica y no teñida de preceptos religiosos. Así como, la despenalización de toda relación sexual voluntaria y consentida entre adolescentes y jóvenes. Hay que protegerlos y acompañarlos, pero también hay que generar condiciones para que evalúen y decidan sobre sus vidas.
3. El abastecimiento variado y sostenido de métodos anticonceptivos en todos los establecimientos de salud del país, incluida la distribución de la AOE. Las personas deben contar con servicios de calidad y acceder a recursos.
4. El acceso a todos por igual para prevención y tratamiento de calidad en VIH y SIDA. Si bien, existen grandes esfuerzos en los últimos años, hay realidades específicas, como el incremento de mujeres con VIH y SIDA, que aún resultan muy complejas y no están siendo atendidas oportunamente.
Ser libres pasa por ejercer ciudadanía cada día y en cada ámbito de nuestras vidas, pasa por tomar derechos y no rogarlos, por decidir con conciencia y no por coerción. Por ello, la sexualidad es un campo tan político como para no ser considerado en la agenda pública y en términos de garantía de derechos.
Como país, estamos a puertas de un nuevo tiempo electoral, más allá de promesas y euforias electoreras, deseamos que sea un tiempo donde se fortalezca la razón, la objetividad, la planificación seria de políticas estables e inclusivas y que no prevalezca la presión ni injerencia de grupos religiosos sobre las agendas políticas, sobre todo, cuando de derechos sexuales y derechos reproductivos se trata.
