El dedo en la llaga
La reciente visita del relator especial sobre el derecho a la salud, señor Anand Grover, generó expectativas de parte de varios sectores que trabajan por la vigencia de los derechos en el acceso a la salud de la población guatemalteca. Es alentador que una de las preocupaciones expresadas por el representante de Naciones Unidas sea la salud sexual y reproductiva y, específicamente el acceso que tienen las mujeres y los pueblos indígenas a servicios de salud desde un enfoque de género e interculturalidad. Curiosamente acaba de pasar en Guatemala un congreso a nivel latinoamericano y centroamericano sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, hecho que fue ignorado a propósito por la prensa impresa y televisiva. Las casas médicas no patrocinaron el evento, porque para ellas no cabe hablar de derechos en salud.
En el capítulo cuatro del boletín emitido por el señor Grover, titulado Salud de las mujeres, con énfasis en salud sexual y reproductiva, párrafo seis, el Relator indica: “Adicionalmente, en la actualidad el aborto es ilegal en Guatemala, excepto en circunstancias médicas muy limitadas. Me preocupa profundamente que el aborto sea ilegal en el caso de violación o violencia sexual, a menos que exista una necesidad médica coexistente para realizar el aborto. Esta ley hace que sea aún más necesario proporcionar acceso universal a planificación familiar, anticoncepción y educación sexual”. Gracias a la labor de la Asociación de Mujeres Médicas, en los hospitales nacionales se cuenta con un kit de emergencia para atender a mujeres víctimas de violación, pero este servicio no es objeto de inversión en publicidad por parte del Ministerio de Salud.
Las guatemaltecas del campo y la ciudad se enfrentan cotidianamente al riesgo de ser violadas y por tanto a adquirir una infección de transmisión sexual, el VIH y sida y, como corolario, un embarazo no deseado. En estas circunstancias la concepción de un nuevo ser se convierte en tortura y no todas tienen por qué sufrir este calvario. Conocemos casos de maestras que han sido asaltadas y violadas cuando se dirigen a las aldeas en donde desempeñan su labor; jóvenes obreras tomadas a la fuerza en autobuses urbanos; trabajadoras de casa particular, violadas en asaltos a la vivienda en donde trabajan o, por la aborrecible costumbre del “señor de la casa” que toma lo que cree le pertenece y/o permite que su hijo aprenda el ejercicio de la sexualidad en casa.
Hasta cuándo tendremos que alzar la voz para que la sociedad civil y el Estado entiendan que el dilema no es si se está a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, sino tiene que ver con la violencia a que nos enfrentamos en el día a día, las mujeres. (Diario de Centro América, Guatemala. columna La Conversa. Olga Villalta.)
