El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán expresa su profunda preocupación por la reciente aprobación de la Ley 29602, que declara al Señor de los Milagros como “Patrono de la Espiritualidad Religiosa Católica del Perú”, al ser una medida que atenta contra el carácter Laico del Estado Peruano.

Una de las principales características de un Estado democrático es garantizar la separación de creencias religiosas particulares del ámbito político, en razón de que la función del Estado es proteger los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su credo religioso.

Así lo manifestó el propio Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador histórico del APRA, cuando en mayo de 1923, en el período de Leguía, encabezó una protesta que impidió la consagración del Perú al Corazón de Jesús. En aquella oportunidad Haya de la Torre declaró que ese intento cercenaba la libertad de pensamiento y ofendía la conciencia nacional. Es lamentable que ahora, más de 80 años después, esta ley haya sido iniciativa del propio presidente Alan García, quien con esta propuesta traiciona los principios fundacionales de su partido.

Un Estado Laico como el nuestro tiene el deber de proteger y garantizar el derecho a la libertad de conciencia de todas las peruanas y peruanos y, en ese sentido, no favorecer a ninguna confesión religiosa particular mediante políticas públicas que rigen para toda la población.

Por ello, la iniciativa de declarar al Señor de los Milagros como “Patrono de la Espiritualidad Religiosa Católica del Perú” es claramente discriminatoria, atenta contra la plurireligiosidad de la población peruana y vulnera el carácter laico del Estado Peruano.

En ese sentido, invocamos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a retroceder en esta iniciativa, que poco bien hace al Estado de Derecho y a la protección de las libertades en nuestro país.

Lima, 22 de octubre de 2010

Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
Parque Hernán Velarde 42, Lima 1
Tlf. 4332000 Fax 4339500
E-mail: postmast@flora.org.pe
www.flora.org.pe

Más de un tercio de las mujeres en el mundo han sido forzadas a mantener relaciones sexuales, golpeadas o abusadas por una pareja o miembro de su familia, dijo el martes una alta funcionaria de la ONU.

Zou Xiaoqaio, vicepresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra las Mujeres, dijo que la violencia sexual se incrementa en el mundo a pesar de las campañas de la ONU y otras organizaciones para combatirla.

“Al menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, coaccionada para tener sexo o abusada de alguna otra manera, generalmente por un compañero íntimo o un miembro de la familia”, dijo la funcionaria durante una rueda de prensa en la sede de la ONU, citando un nuevo informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población.

“La mujeres siguen siendo violadas y víctimas de otras formas de violencia sexual con impunidad en todo el mundo”, dijo, destacando que en algunos países los cargos por violación pueden ser eliminados si el agresor se casa con la víctima.

“Mujeres y niñas siguen siendo vendidas para el sexo en todo el mundo. Dos millones de niñas de entre cinco y 15 años son introducidas en el mercado sexual cada año”.

Zou señaló que de los 186 países que han firmado la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres de 1979, la cantidad de los que la han implementado para ayudar efectivamente a las mujeres es insuficiente.

Estados Unidos, Irán y Sudán están entre los tres países que todavía no firmaron la convención, agregó Zou. (El Tiempo.com)

Foto: Sitio oficial de Dilma Rousseff

El aborto se convirtió en un arma “resta votos”, del que los dos candidatos huyen en la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil y que los sectores religiosos más conservadores usan como trueque para fijar su apoyo.

Una situación que no refleja la posición mayoritaria del electorado sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, aseguran analistas y representantes del movimiento femenino organizado, que critican que se use el cuerpo de las mujeres de moneda electoral y califican de falso dilema el tema.

La legalización o no del aborto, actualmente castigado en Brasil con penas de prisión de hasta 10 años, protagoniza la agenda para el balotaje del día 31, entre los candidatos Dilma Rousseff, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Los señalamientos de que Rousseff favorecía la legalización del aborto son vistos como principal causa de que la candidata favorita no obtuviese el triunfo en la primera vuelta, el domingo 3. Actualmente la interrupción del embarazo es una práctica ilegal en el país salvo cuando la madre corre peligro de muerte o la gestación es producto de una violación.

Un caudal decisivo de votos migró de Rousseff a Marina Silva, la candidata del Partido Verde que pertenece a la Iglesia Evangélica. La ex ministra de Ambiente del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva condena el aborto y defiende la realización de un plebiscito sobre su eventual legalización.

Silva se convirtió en la sorpresa de la primera vuelta, al obtener 20 por ciento de los sufragios, mientras Rousseff logró 47 por ciento y Serra casi 33 por ciento.

Durante la campaña para la segunda vuelta, Rousseff y Serra se presentan como paladines de una cruzada moralista contra la despenalización del aborto, cuando en el pasado ambos expresaron una posición de apertura al derecho a decidir de las mujeres.

Beatriz Galli, de la no gubernamental Ipas Brasil (filial de una red internacional dedicada a promover los derechos y la salud sexual de las mujeres), se lamentó con IPS de que la discusión se haya reducido “a estar en contra o favor del aborto o en contra o a favor de la vida”.

La candidata del PT había defendido antes que había que avanzar hacia la despenalización del aborto, mientras ahora destaca en su página digital que está “personalmente contra el aborto”.

Con el respaldo de una foto del reciente bautizo de su primer nieto, plantea que “sería muy extraño que cuando hay una manifestación de vida en el seno de mi familia, (…) yo defienda una posición a favor del aborto”.

Rousseff asegura que el aborto inducido es “una violencia contra la mujer”, aunque matiza que en su probable gobierno “el Estado brasileño no considerará eso como una cuestión de policía”, sino de “salud pública y social”.

Serra sigue esa línea. En 1998, como ministro de Salud del precedente gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) contribuyó a reglamentar la práctica del aborto dentro de la salud pública, en los casos de víctimas de violación, pero ahora advierte que su legalización causaría “una carnicería”.

Además, apela a eslóganes tales como “un hombre que nunca se involucró en escándalos y siempre fue coherente, condenó el aborto y defendió la vida” o “un hombre de familia”, para contraponer su imagen a Rousseff, divorciada y participante durante su juventud en la lucha clandestina contra la dictadura brasileña (1964-1985).

Para Galli se está produciendo “un falso dilema porque la cuestión principal es si el Estado debe criminalizar una cuestión de salud pública colocando la salud y la vida de las mujeres en riesgo porque las obliga a buscar un aborto clandestino”.

Estimaciones conservadores del Sistema Único de Salud indican que en Brasil, se producen anualmente al menos un millón y medio de abortos clandestinos. Las complicaciones por la práctica insegura ocasionan 250.000 ingresos a centros públicos de salud cada año, y suponen una de las principales causas de mortalidad materna.

Galli insistió en que no se debe reducir a un enfoque religioso un asunto de derechos humanos de las mujeres.

Un estudio de la antropóloga Débora Diniz, investigadora del Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género, revela que una de cada cinco brasileñas se ha sometido a un aborto antes de los 40 años.

De las mujeres que han abortado, 88 por ciento se declararon religiosas, indica el estudio. Un dato revelador en este país de 192 millones de habitantes, con la mayor cantidad de católicos del mundo y donde los fieles de iglesias evangélicas crecen a ritmo vertiginoso.

“La historia de esas mujeres no puede ser ignorada por la búsqueda desenfrenada de votos de las comunidades religiosas que consideraran el aborto un crimen abominable”, dijo Diniz en un artículo.

“El aborto se transformó en una moneda de trueque para ganar votos”, agregó, al considerar que las concesiones políticas hechas por los dos candidatos representan “amenazas democráticas” porque comprometen el principio del Estado laico.

Guacira César de Oliveira, directora-fundadora del Centro Feminista de Estudios y Asesoría (CFEMEA), dijo a IPS que existe un análisis tendencioso “que exige de los candidatos un determinado posicionamiento contra el aborto, como si fuese la única posibilidad de ganar la elección”.

Oliveira lo atribuye a una “ofensiva conservadora de derecha junto al fundamentalismo religioso”, que logró poner al aborto en el centro de la campaña, por encima de otros temas que también habrían obstaculizado el triunfo de Rousseff en la primera vuelta, como la corrupción.

Los analistas mencionan entre esos temas las denuncias de corrupción del gobierno de Lula, del que Rousseff fue, desde su inicio en 2003 y hasta marzo, primero ministra de Energía y Minas y después jefa de gabinete.

Oliveira subrayó que la “satanización electoral” del aborto no refleja la opinión de la mayoría. Recordó que el mayoritario electorado femenino debe recurrir al riesgo de un aborto inseguro “para asegurar su opción de tener hijos cuando quieren y pueden”.

“Los úteros de las mujeres no pueden ser la moneda de cambio en estas elecciones”, exhortó.

Carmen Silva, educadora del Instituto Feminista para la Democracia “SOS Corpo”, coincide en que se trata de una manipulación del “fundamentalismo religioso” que creció en todo el mundo, pero que en Brasil se habría asociado “a los grandes medios, a los políticos de derecha y a los militares con nostalgia de la dictadura militar”.

Oliveira y Silva subrayaron que el aborto dejó fuera temas de la agenda de las mujeres, como la participación política, la atención a las víctimas de violencia y la igualdad de oportunidades laborales.

“Con tantas cuestiones cruciales para la democracia y los derechos fundamentales, como la educación, la seguridad pública o la seguridad social, lo curioso es que se apueste a que el nuevo presidente de Brasil sea decidido por su posición sobre el aborto”, sintetizó Diniz.(IPS)

Claudia Toro.

Foto: La República

Laura Leaño Gaytán (33) ya no tiene cabello ni pestañas. La implacable quimioterapia que recibe cada 20 días la ha dejado sin fuerzas y recientemente la ha postrado en una cama del Hospital Cayetano Heredia. Hace seis meses le diagnosticaron cáncer al pulmón en grado 4 (muy grave). Allí también le anunciaron que tenía siete semanas de embarazo.

La vida y la muerte pasaron por sus ojos y desde ese momento, como toda madre, tuvo que vivir con la enorme incertidumbre por la salud del bebé que llevaba en su vientre. “Yo le pregunté al doctor llorando qué iba a ser de mi hijo, y me contestó que ahora tenía que luchar por dos vidas. Que había visto casos de mujeres embarazadas que recibían quimioterapia y el bebé salía bien”, dice.

Luego de la primera quimioterapia asegura que su oncólogo, Diego Venegas, le dijo que por el fuerte tratamiento que recibía para combatir el cáncer podría tener hasta un aborto natural.

Le habrían negado aborto
Laura cuenta que a los dos meses de gestación y tras la tercera quimioterapia, se realizó una junta médica para evaluar su caso y ver si podían realizarle un aborto terapéutico. “Me internaron y luego de dos días el oncólogo me dijo que tenía que continuar con el embarazo porque mi caso no había sido aprobado. Dijo que para ello  mi cáncer tendría que haber sido de mama o vaginal”, señala, tras recalcar que también le anunciaron de posibles malformaciones congénitas o retardamientos que sufriría el feto.

A los cinco meses, ella afirma que le realizaron una ecografía en 4D, en donde se comprobó que su bebé sufría de hidrocefalia y que no se había desarrollado su cerebro. “El médico me explicó que mi hijo podía morirse en mi barriga o al nacer, y si quería me podían someter a un adelanto de parto o a una cesárea. Lo lamentable es que me dijeron eso tres meses después y no al principio”, afirma.

Su salud se deteriora
Ella se pregunta, entre lágrimas, por qué los médicos no le dijeron que sí podría recurrir al aborto terapéutico cuando solo tenía dos meses de embarazo, por el bien de su salud y para no sufrir más por la “muerte de su hijo”.

Por lo pronto, será sometida a una cesárea, ya que, además, sufre de preclancia y teme dejar desamparados a sus otros pequeños. Solo pide justicia y tener un mejor trato clínico para poder curarse. “Me han dicho que el cáncer me ha avanzado más. He llevado un embarazo y he tratado de ser fuerte. Seguiré luchando”, dice.

Médicos dicen que sí le informaron
1] Sobre la denuncia de la paciente, el médico de guardia, Luis Rojas, asegura que ella sí fue informada de que podía recurrir al aborto terapéutico, pero que quiso seguir con el embarazo.

2] Asimismo, la abogada de Laura, Ysabel Marín, señala que el caso está en investigación y que se están recogiendo las versiones de ambas partes. “Estamos analizando el caso, consiguiendo información y la historia clínica, según eso se evaluará la posibilidad de presentar un recurso judicial”, dice.

3] Marín refiere que los cargos serían por no haberle brindado un servicio de aborto terapéutico cuando la paciente lo requería, y que éste hecho representa un daño a la salud física y mental de la paciente: “Además por el cuadro de preclancia que ella presenta”. (La República)

Mónica Baltodano

Diputado miente sobre proyecto de Ley. Foto: Nuevo Diario.

El lunes 4 de octubre me detuve en un canal de televisión en que despotricaba el diputado Enrique Quiñónez. Me llenó de indignación la manipulación sin escrúpulos y las cínicas mentiras sobre una iniciativa de Ley firmada por 25 diputados(as) que hemos dejado a un lado nuestras diferencias políticas e ideológicas para ponernos al lado de la vida. La iniciativa de Ley en cuestión trata de la Reforma al Código Penal y pretende despenalizar la interrupción del embarazo cuando éste se realiza para salvar la vida de la mujer.

El diputado en cuestión – ahora bajo las instrucciones del Presidente Ortega – acusaba a los firmantes de esa iniciativa, en especial a los del PLC, de criminales que querían matar a los niños en los vientres de sus madres, mientras pasaba en vídeo, repetidamente, imágenes de fetos ensangrentados. Mintió repetidamente, omitiendo que esta iniciativa está orientada exclusivamente a casos en los que la vida de la madre corre peligro y en que previa prescripción de tres facultativos se le explicaría a la mujer para que ella decida si quiere interrumpir o continuar su embarazo a riesgo de su propia vida.

Cuando se criminalizó el aborto terapéutico (2006 y 2007) los jefes de las principales bancadas en el parlamento dieron órdenes a sus integrantes de votar en esa dirección, aún en contra de la íntima convicción de sus integrantes. En esos momentos por órdenes partidarias ni siquiera se deberían escuchar argumentos en contra.

La gravedad de esos hechos y la fuerza de la moral han hecho posible que diputadas que no estamos integradas a ninguna fracción parlamentaria y diputados del PLC, de la Bancada Democrática, del MRS nos hayamos puesto de acuerdo para que en estas bancadas se adopte la línea del respeto a la libertad de conciencia y libertad de voto, cuando se trata de estos temas tan delicados.

Sin duda es meritorio reconocer la justeza de la posición, que cuando se trata de temas de esta naturaleza, es imperativo que las bancadas permitan que sus integrantes puedan decidir basados en la libertad de conciencia, de principios y en sus convicciones más íntimas, excluyéndolos de la obligatoriedad de los rejuegos politiqueros, la manipulación y la mentira.

Por su parte, la bancada oficialista bajo el yugo de las órdenes de la pareja presidencial –pues ni siquiera se trata de una línea partidaria- continúan prohibiendo cualquier tentativa de querer abrir la discusión sobre el tema. Por ello, esta nueva iniciativa de Ley se mantiene encadenada, sin que se pase a debate a la comisión correspondiente, a pesar de que sabemos que una buena parte de los diputados del FSLN están convencidos de que el aborto terapéutico es un derecho humano esencial de las mujeres, y que su penalización es una violación al principio universal del derecho a la vida.

El diputado Quiñónez anunciaba que la bancada de ALN cerrará filas con esta posición de la pareja presidencial, y desde ese momento se ponía a la vanguardia para hacer el trabajo sucio que los mismos gobiernistas – todavía con un mínimo de vergüenza – se cuidan muy bien de no hacer.

Aunque de Quiñónez nada nos puede sorprender, no hace bien a la sociedad nicaragüense, la inescrupulosa manipulación de sentimientos religiosos, la falta de información científica, el artificial y oportunista apego a una sectaria posición fundamentalista, desoyendo a los organismos mundiales de derechos humanos, al Comité de las Naciones Unidas contra la tortura, al Colegio de Gineco-obstetras, y a miles de mujeres y hombres de Nicaragua que demandamos despenalizar el aborto terapéutico.

Mientras la Moral, la Razón, la Justicia y la Vida continúan demandando una pronta rectificación, más mujeres mueren ofrecidas todos los días en el altar de los intereses de los políticos que buscan votos en el atraso milenario. Por nuestra parte seguiremos demandando que cese la manipulación y no se siga jugando con lo más sagrado, la vida. (El Nuevo Diario)

Índice AI: AMR 01/002/2010
28 de septiembre 2010

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El día de hoy, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, todos los gobiernos del continente deben mostrar con acciones concretas su voluntad política hacia el respeto y protección de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas de la región, y despenalizar el aborto con urgencia.

“Se deben derogar todas las normas que sancionan o permiten el encarcelamiento de mujeres y niñas que buscan o tienen un aborto bajo cualquier circunstancia”, considera Guadalupe Marengo, Directora Adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional. “Es claro que cuando se restringe el acceso de las mujeres a la información y a los servicios de un aborto legal y seguro, sus derechos humanos están en grave peligro”.

“Es vergonzoso que en una región donde la gran mayoría de países son parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belém do Pará, además de tener constituciones que protegen los derechos de las mujeres, haya tres países, Chile, El Salvador y Nicaragua, que penalizan el aborto en cualquier circunstancia, inclusive cuando una mujer o niña ha sido violada o cuando la vida de la mujer o niña embarazada se encuentra en peligro” añadió Guadalupe Marengo.

La prohibición total afecta gravemente la capacidad del personal médico para responder de forma rápida y decidida a las complicaciones que sufren mujeres y niñas durante el embarazo. La penalización del aborto niega a las mujeres y niñas embarazadas la atención médica que necesitan. Esto muestra una cruel indiferencia hacia su integridad física y psicológica, y la ausencia de dignidad humana a la que la penalización condena a sufrir a mujeres y niñas.

Asimismo, las víctimas de violaciones que quedan embarazadas a consecuencia de este grave delito se ven forzadas a continuar con el embarazo, independientemente del peligro que ello suponga para su vida, su salud, su bienestar o su voluntad personal. La única otra posibilidad es buscar un aborto clandestino e inseguro, lo que pone en peligro su vida y su salud, y por el cual pueden terminar en prisión. Además, si una mujer o niña es violada por un familiar, la penalización significa que el Estado las obliga a dar luz a su propio hermano o primo.

Algunos lugares de América Latina han reconocido las graves violaciones de derechos humanos que resultan cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe. En Cuba el aborto está despenalizado desde hace varias décadas y en la capital mexicana desde el 2007.

A pesar de estos avances, la triste realidad en la región es que todavía existen leyes que castigan el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, en la práctica no se cumple. Las guías para el personal médico con frecuencia son inexistentes, son poco claras o no se distribuyen, y por lo tanto se utiliza el sistema judicial innecesariamente dejando mujeres y niñas embarazadas sin la posibilidad de ejercer sus derechos.

Algunas mujeres y niñas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con un embarazo, intentan suicidarse. Otras toman medidas desesperadas, e intentan practicarse un aborto a sí mismas. Por lo tanto, cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren día a día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencia, que incluso significan la pérdida de la vida. En la región más desigual del mundo, estas medidas desesperadas claramente se cobran principalmente la vida de las mujeres y niñas que viven en la pobreza; ¿es que sus derechos humanos no merecen igual protección ante la ley? Sin recursos, los abortos inseguros a los que pueden acceder mujeres y niñas en estas circunstancias, las llevan a arriesgar su vida y su salud y, si sobreviven, a la posibilidad de ser procesadas y encarceladas.

Miles de activistas de todo el mundo se encuentran el día de hoy expresando su indignación frente a estas injusticias y exigiendo la despenalización del aborto en todo el continente. En Nicaragua, el único país de la región que recientemente retrocedió en proteger los derechos de mujeres y niñas al penalizar el aborto bajo cualquier circunstancia, el Grupo Estratégico para la Despenalización del Aborto Terapéutico, en adición a las 31,000 firmas ya enviadas, está entregando hoy 6,000 firmas más, recogidas por miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo al Presidente Daniel Ortega, exigiéndole que derogue inmediatamente las leyes introducidas por su gobierno que penalizan el aborto sin excepción.

Amnistía Internacional se une a este llamado regional. “Las mujeres y niñas tienen derecho a vivir y a vivir con dignidad y a no ser obligadas, bajo la amenaza de ser encarceladas, a seguir con un embarazo producto de violación sexual o que pone en riesgo su vida y salud.”

Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos y dar prioridad a programas de salud sexual y reproductiva, incluyendo planes de educación sexual y acceso a servicios e información de planificación familiar a todos y todas, para que todas las mujeres decidan de manera libre e informada sobre cuándo desean tener hijos e hijas y cuántos, sin coacción o discriminación”, concluyó Guadalupe Marengo. 

Informaciónadicional
Los Estados de la región tienen el deber y la obligación de respetar y promover los derechos de las mujeres y niñas a la vida, a la integridad física; incluyendo protección contra todo tipo de violencia, a la salud, a la educación, a la información y a la no discriminación; conforme está establecido en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, en especial la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belém do Pará, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Protocolo de San Salvador, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar a la Tortura.

Los estados de la región también tienen la responsabilidad principal de proteger, reconocer y respetar a quienes toman acción para hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres y niñas que se encuentran en la situación descrita. Sus acciones son legítimas y en muchos casos fundamentales para quienes están apoyando; en este sentido, defensores y defensoras de derechos humanos deben gozar efectivamente la posibilidad de hacer su trabajo sin temor a represalias, tal como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos y se ha dicho repetidas veces en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

PROPUESTA ANTEPROYECTO DE LEY
De la interrupción voluntaria del embarazo

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1º. (Derecho de la mujer) Toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción  voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional.

Artículo 2º.  (Accesibilidad) Las mujeres a que refiere el art. 1º tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria de su embarazo, en los servicios del Sistema Nacional Integrado de Salud, en las condiciones que determina la presente ley. 

Artículo 3º.  (Condiciones) Previo a la interrupción del embarazo se requerirá el libre consentimiento informado de la mujer, expresado por escrito, el que se adjuntará a su Historia Clínica, de acuerdo a lo previsto en el art. 11 y el art. 18, literal D de la ley 18.335 de 26 de agosto de 2008.

Artículo 4º. (Restricciones)  Fuera del plazo establecido en el art.1º la mujer podrá decidir la interrupción de su embarazo en los siguientes casos:

a)      Si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial.
b)      Si estuviera en riesgo la salud o vida de la mujer.
c)      Si existieran malformaciones fetales graves.

Artículo 5º. (Consentimiento de menores de edad) En caso que la interrupción del embarazo sea solicitada por una mujer menor de edad se requerirá el asentimiento de por lo menos uno de sus representantes legales o, en su ausencia o inexistencia, quien ejerza su custodia legal. En todos los casos la menor deberá ser oída frente a cualquier otro interés y  se considerará primordial  la satisfacción de su interés superior en el pleno goce de sus derechos y garantías consagradas en la Convención Internacional  de los Derechos del Niño.

De existir riesgo grave para la salud de la niña o la adolescente  gestante y de no tener el acuerdo de sus representantes legales en cuanto al tratamiento a seguir, el profesional deberá solicitar la autorización del Juez competente, quien a tales efectos recabará la opinión de la niña o adolescente siempre que ello sea posible.

Artículo 6º. (Consentimiento de mujeres declaradas incapaces) Si se tratara de una mujer declarada incapaz judicialmente se requerirá el consentimiento informado de su curador.

Artículo 7º. (Derecho a un trato digno) Toda mujer que consulte por una eventual interrupción de su embarazo, deberá recibir un trato digno, de acuerdo a lo previsto en el  artículo 17 literales A y B de la Ley  18.335 de 26 de Agosto de 2008.

Artículo 8º. (Alcance) Sólo podrán ampararse en las disposiciones contenidas en esta ley las habitantes de la República que acrediten fehacientemente su residencia habitual en su territorio durante un período no inferior a 42 semanas.

CAPÍTULO II
De los servicios de asistencia médica, públicos y privados

Artículo 9º. (Obligación de los servicios) Todos los servicios de asistencia médica,  tanto públicos como privados habilitados por el Ministerio de Salud Pública, tendrán la obligación de realizar la interrupción voluntaria del embarazo a las usuarias que lo requieran en las hipótesis previstas en esta ley con las excepciones establecidas en los artículos 14 y 15.

Artículo 10º.  (Garantía) Las instituciones, previstas en el presente capítulo, garantizarán a sus usuarias el acceso gratuito y permanente a la interrupción voluntaria del embarazo en las  condiciones establecidas en la presente ley.

Artículo 11º.  (Obligación de Informar) Todos los servicios comprendidos en la presente ley, a través de  su personal técnico, deberán garantizar a sus usuarias la información sobre medidas de anticoncepción establecidas en el marco de la Ley Nº 18.426 del 10 de diciembre de 2008;  deberán brindar, asimismo, información y apoyo a la mujer respecto de la interrupción voluntaria del embarazo antes, durante y después que ésta haya adoptado una decisión.

Artículo 12º.  (Confidencialidad)  Los servicios comprendidos en la presente ley deberán mantener la confidencialidad dando cuenta de la interrupción voluntaria del embarazo,  sin revelación de la identidad de la mujer, al sistema estadístico del Ministerio de Salud Pública de acuerdo a lo previsto por el Art. 21 de la Ley 18.335 de 26 de agosto de 2008.

Capítulo III
De los derechos y deberes de los trabajadores de la salud

Artículo 13º. (Profesionales Intervinientes)  Todos los servicios comprendidos en la presente ley tendrán la obligación de realizar la interrupción voluntaria del embarazo a las usuarias por un médico ginecotocólogo en las hipótesis previstas. La excepción será el caso de salvar la vida de la mujer, donde no se requerirá otra condición que la de título médico. 

Artículo 14º. (Objeción de Conciencia) Aquellas/os médicas/os, y demás personal de salud, que manifiesten objeción de conciencia para intervenir en la interrupción voluntaria del embarazo deberán hacerlo saber a las autoridades de los servicios de asistencia médica integral a los que pertenezcan dentro del plazo de 30 días corridos contados a partir de la promulgación de la presente ley.

Quienes ingresen posteriormente podrán manifestar su objeción de conciencia en el momento en que comiencen a prestar servicios.

Artículo 15º. (Limitación)  Las/los profesionales que no hayan expresado objeción en los términos establecidos no podrán negarse a realizar la interrupción voluntaria del embarazo.

CAPÍTULO IV
Disposiciones finales

Artículo 16º  (Excepcionalidad) Las hipótesis no comprendidas en la presente ley – dentro de un margen que determinará de acuerdo a la mejor evidencia científica la reglamentación-  deberán ser consultadas en la respectiva comisión que lleve este tema dentro del  Ministerio de Salud Pública.

Artículo 17º. (Derogaciones) Derogase el art. 38 del Código Penal y demás disposiciones que se opongan a la presente ley.

                                                                                                            Dra. Mónica Xavier
                                                                                                                    Senadora 

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Alentadas por la sanción de una ley de matrimonio para personas del mismo sexo, organizaciones de mujeres de Argentina reclamaron la legalización del aborto, en el día latinoamericano a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Unas 1.000 integrantes del Colectivo de Mujeres Juana Azurduy, más conocido como Las Juanas, presentaron en distintos tribunales del país un habeas corpus “colectivo y preventivo” para que la penalización del aborto sea declarada inconstitucional.

También pidieron que se exhorte al Poder Legislativo a adecuar la norma vigente que penaliza la interrupción voluntaria del embarazo con la normativa internacional que reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

“Elegimos el habeas corpus porque es la figura que protege la libertad de las personas y, en forma preventiva, pedimos que la justicia nos ampare si quedamos embarazadas y queremos interrumpirlo”, explicó a IPS Gabriela Sosa, de Las Juanas.

Sosa, que es la coordinadora de la organización en la oriental provincia de Santa Fe y una de las firmantes de la presentación, explicó que el marco político y social es muy adecuado ahora para avanzar en una norma que despenalice el aborto.

“Hace un tiempo no nos podíamos imaginar que Argentina iba a tener una ley de matrimonio igualitario y este año se logró porque hay una preocupación social por debatir estos temas y los políticos la recogen”, declaró.

Pero admitió que se ha atravesado un hándicap. En 2011hay elecciones generales y “ningún candidato va a querer agarrar la papa caliente del aborto”, ironizó la activista aludiendo a la renuencia de los políticos a pronunciarse sobre asuntos controvertidos durante las campañas.

En Argentina, el aborto es ilegal y está penalizado con cárcel, salvo cuando el embarazo es fruto de una violación, cuando la madre corre peligro de muerte o cuando la gestante “es idiota o demente”.

Pero a pesar de esta norma, cada año se producen entre 460.000 y 600.000 interrupciones voluntarias del embarazo, según el informe “Estimación de la magnitud del aborto inducido en Argentina”, elaborado por expertas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Centro de Estudios de Población.

En América Latina sólo Cuba –además del estado libre asociado de Puerto Rico y el Distrito Federal de México- no lo penaliza. El resto se divide entre los países que lo criminalizan sin excepción alguna -Chile, El Salvador y Nicaragua- y los que lo permiten sólo con causales muy restrictivas.

No obstante, en la región se realizan cuatro millones de abortos por año según diversas fuentes y 13 por ciento de las muertes maternas están asociadas a esta práctica en forma insegura. En Argentina, el aborto clandestino e inseguro es la primera causa de mortalidad materna, recordaron las activistas de Las Juanas.

Ante esta realidad, las organizaciones de Argentina lanzaron su iniciativa ante el Poder Judicial este martes 28, cuando el movimiento feminista de América Latina y el Caribe instituyó hace 20 años como el Día por la Despenalización del Aborto.

Amnistía Internacional se unió a esta campaña con un duro pronunciamiento sobre las consecuencias de la criminalización. “Se deben derogar todas las normas que sancionan o permiten el encarcelamiento de mujeres y niñas que buscan o tienen un aborto bajo cualquier circunstancia”, pidió Guadalupe Marengo, directora adjunta para la región.

Para la organización, la restricción a las mujeres latinoamericanas a un aborto legal y seguro provoca que “sus derechos humanos están en grave peligro”.

En Argentina, las organizaciones de mujeres desde hace varios años realizan campañas a favor de despenalizar esta práctica, pero chocan siempre con la resistencia de los sectores más conservadores.

Este año, el ambiente parece ser más favorable. Desde marzo, la Cámara de Diputados del Congreso legislativo analiza un proyecto de ley para la despenalización, respaldado por medio centenar de legisladores de distintos partidos políticos.

La iniciativa, que podría debatirse en octubre, fue presentada por la legisladora Cecilia Merchán, del movimiento izquierdista Libres del Sur, y propone legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, como ya ocurre en el Distrito Federal de México, que acoge a la mayor parte de la población de la capital de ese país.

La casi veintena de proyectos anteriores sobre el aborto nunca habían pasado de su presentación a lo largo de los años, mientras el actual ya fue analizado en comisiones, un paso previo al debate en la sala plena de diputados.

Merchán recordó a IPS que su proyecto se fundamentó en la alta cantidad de abortos que se realizan y más aún en los más de 70 mil casos de mujeres, en general pobres, que terminan hospitalizadas por prácticas inseguras.

“El año pasado, de las mujeres que ingresaron al hospital público con abortos iniciados y complicaciones derivadas, 120 murieron, esto es: cada dos días murió en Argentina una mujer por esta causa”, alertó.

La legisladora ponderó que “el clima actual es favorable” a avanzar en este tema, pues “la sociedad plantea la necesidad de tratar en el Congreso un tema que tiene severas consecuencias en la vida de tantas mujeres”.

“Asi como ocurrió con el debate sobre el matrimonio igualitario, la sociedad en su conjunto, aún los que están en contra, no quieren esconder más una realidad que involucra a tantas personas”, interpretó.

“Para nosotras el tema no es nuevo, pero notamos que ahora la exigencia de la sociedad obliga a los legisladores a discutirlo”, añadió.

También hubo pronunciamientos de sectores en otra época reacios a manifestarse como las universidades públicas. Los decanos de la UBA, por citar un caso, apoyaron en agosto la despenalización por 23 votos a favor y uno en contra.

Hubo además declaraciones a favor de parte de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, como la jueza Carmen Argibay, quien afirmó este mes que el momento de debatir cambios en la ley sobre abortos “es ahora”.

Asimismo, y frente a la ofensiva que preparan los diputados para despenalizar la práctica, en el Senado se impulsa otro proyecto, limitado a ampliar las causales para los abortos no punibles.

La idea de algunas senadoras es que la interrupción del embarazo se permita cuando esté en riesgo la salud de la madre, entendiendo este concepto con un criterio amplio que incluye su salud física y mental.

Las organizaciones de mujeres no cuentan con el apoyo de la presidenta argentina, Cristina Fernández, quien se manifestó en contra de legalizar el aborto. No obstante, Merchán confió en que su criterio no se imponga en el debate legislativo. (Noticias Paraguayas)